Caso Mario Bonino: la lógica de la impunidad

Por Martín Borja /

Fue el primer periodista asesinado desde el regreso de la democracia en 1983. El Gobierno menemista se las ingenió en su momento para que el caso quedara impune. Injustamente olvidado por los grandes medios de comunicación, Mario Bonino es en la actualidad un nombre desconocido, condenado a un recuerdo ocasional de pocas líneas para algún aniversario de su muerte.  A 20 años del asesinato del periodista, no hay condenados.

Los resultados de las pericias judiciales realizadas en noviembre de 1993 no dejaron lugar a dudas. Mario Bonino, periodista, militante sindical y padre de familia fue asesinado y posteriormente tirado a las aguas del Riachuelo. La conclusión del Juez de Instrucción, Raúl Irigoyen, luego de la segunda autopsia, aclaraba que “se ha excluido el diagnóstico de muerte por sumersión” y “tampoco se han detectado rastros de sustancias tóxicas en los restos”. La Comisión que la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) formó en esos años para el esclarecimiento del crimen, por su parte, fue más contundente al desechar de plano la hipótesis del suicidio que, por momentos, intentaban enarbolar desde el Gobierno, a través de la tarea obstaculizadora de un fiscal nombrado por el propio presidente Menem.

Durante dos décadas, y a pesar de aquellos primeros resultados, la causa Bonino sufrió primero una parálisis típica en la justicia de la era menemista y, luego, un olvido social y mediático que ningún otro gobierno posterior se interesó por combatir. Igual que con otros crímenes que continúan impunes en nuestro país, se usaron todos los artilugios posibles para que la investigación fuera un fracaso y asegurar así que no hubiera ni un solo detenido.

LOS HECHOS

Bonino había trabajado desde muy joven como cronista deportivo en varios medios gráficos, primero en La Razón y luego en Sur y Diario Popular. Sus compañeros de redacción lo recuerdan siempre como un hombre sencillo, honesto y apasionado por la política y el fútbol. En 1993, a los 37 años, se desempeñaba en el área de Comunicación de la UTPBA, difundiendo informes de prensa y actividades que el gremio realizaba en defensa de los trabajadores. Era en ese ámbito en donde podía proyectar su compromiso político, en momentos de especial tensión para los periodistas: por un lado, las amenazas de muerte y las agresiones que se producían frecuentemente y que obligaban a trabajar con miedo (Recordar, por ejemplo, los atentados contra Hernán López Echagüe en dos oportunidades); por el otro, la paulatina concentración de los medios que producía cada vez más desocupación, explotación y precarización en el sector. Eran los tiempos de la famosa campaña “La peor opinión es el silencio”. Todo esto requería de una tarea solidaria en la cual Mario participaba activamente.

El jueves 11 de noviembre se había ocupado especialmente del caso de varios periodistas de San Luis que estaban siendo amenazados. Salió de la sede de la UTPBA a eso de las cinco de la tarde. Llegó a su casa, jugó un rato con su hijo de 8 años, habló con su esposa Felicia por teléfono, se bañó y antes de salir nuevamente le prometió a Federico que a la vuelta le traería las figuritas que le gustaban. Salió del edificio de Avenida La Plata y Estados Unidos rumbo a un seminario de radio que se realizaba en el auditorio de ATE, en Belgrano y Alberti. Pero nunca mas volvió. Nadie más lo vio. Eran casi las siete de la tarde.

Aquel fin de semana en que la familia lo buscó desesperadamente sin tener noticia alguna, dos individuos entraron a la sede central de la UTPBA y golpearon alevosamente con un fierro a Miguel Gavilán, el sereno que se encontraba de guardia. Luego se recibieron más amenazas por teléfono.

En la mañana del lunes 15, hombres de la Prefectura recogieron un cuerpo de las aguas del  Riachuelo, en la llamada Vuelta de Berisso, a metros del Puente Pueyrredón, en La Boca. Era el cuerpo de Mario Bonino.

El juez Irigoyen caratuló el caso, inicialmente, como “muerte dudosa”. Luego de algunas “anomalías e irregularidades” denunciadas por los abogados de la familia en la primera autopsia, se realizó una segunda que determinó que el periodista había sido muerto antes de ser arrojado al agua. El suicidio quedaba descartado, entonces, por la misma Justicia. Esta hipótesis, además, ya había sido desestimada de plano por sus familiares, vecinos, amigos y compañeros, por no tener ningún fundamento lógico. Sin embargo, el fiscal Luis González Warcalde, designado por el gobierno, intentó, según la UTPBA, sostener la teoría del suicidio e instalarla en la opinión pública, a pesar de las pericias médico-judiciales que resultaron por demás clarificadoras.

Cinco meses después, en el segundo informe de la Comisión conformada por periodistas y abogados de la UTPBA a fin de colaborar con la investigación, se “rechaza de plano las hipótesis que apuntan a un suicidio o accidente, que suelen ser desarrolladas por el equipo del procurador fiscal”. Agregaba que “lo que ha logrado el sistema de gobierno hasta ahora en el caso Bonino es revelar la impunidad que existe, el descontrol sobre los grupos criminales…”. Las gestiones de esta Comisión fueron acompañadas por la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), por la Organización Internacional de Periodistas (OIP), y por un petitorio firmado por 5.300 periodistas reclamando el esclarecimiento del hecho. A pesar del compromiso personal y público del entonces ministro del Interior, Carlos Ruckauf, de “ordenar una profunda investigación” sobre el caso, los nulos resultados y la inexistencia de procesados, demostró en aquellos años el grado de impunidad que se vivía.   

El primer informe del 11 de enero de 1994 había señalado que el crimen “se enmarca en un contexto de agresiones a la prensa que encuentra aliento y protección en las más altas esferas del poder político del país. Ahí están las declaraciones del presidente Menem sobre la prensa mentirosa, canalla o delincuente”, y agrega que “la Justicia debe encaminarse a los grupos mafiosos mentados por Menem que, necesariamente, deben tener alguna vinculación con sectores del más alto poder político para actuar con toda la impunidad en la que han operado hasta ahora”.

LA HIPOTESIS DEL APRIETE

 Desde un principio, los familiares y la UTPBA, se mostraron cautelosos a la hora de denominarlo “asesinato político” o de tejer distintas hipótesis. Sin embargo, la que se consideró y tal vez se siga considerando más probable es la que indica que el periodista fue secuestrado y en el momento del ´apriete´ habría sufrido un paro cardiorespiratorio, ya que aparentemente padecía de una afección en el corazón. Luego de esto, habría sido arrojado sin vida al Riachuelo. 

Sus familiares habían dicho en aquel momento que Mario se encontraba haciendo dieta y dejando de fumar, lo que refuerza aún más la versión en cuanto a los problemas coronarios. Además, los 350 pesos encontrados en un bolsillo de su pantalón descartan de hecho la hipótesis del asalto. Todos estos indicios que señalaban con claridad un asesinato político fueron ignorados abiertamente por el fiscal que se dedicó a “investigar” a la víctima y difundir la teoría del suicidio.

Durante la década de los ’90, se siguieron multiplicando las querellas y agresiones por parte del Gobierno contra los “delincuentes periodísticos”, como le gustaba decir a Menem. El 25 de enero de 1997, el fotógrafo José Luis Cabezas apareció baleado y carbonizado en una fosa en Pinamar. Las movilizaciones populares de repudio disparadas por todos los medios de comunicación ayudaron a tomar conciencia en la sociedad, que por otro lado terminó olvidando el caso Bonino.

Un año después, la revista Tres Puntos entrevistó sin asco al Angel Rubio de la Muerte, Alfredo Astiz, quien dijo:

“¿Por qué tanto escándalo con Cabezas? ¿Por qué se la pasan diciendo que fue el primer periodista que mataron en democracia? Si fue el segundo.

—¿Cuál fue el primero?

—Ese que tiraron al Riachuelo encadenado al auto. Bonino, algo así.

—¿Y usted cómo sabe?

—¿Cómo no voy a saber? Yo leo todo. Me informo.”

 

Días después, el juez Irigoyen se vio obligado a citar a declarar a Astiz, ya que nunca antes se había hablado de qué manera Bonino había sido arrojado al Riachuelo. Esos detalles, que no aparecieron antes en el expediente y no habían trascendido a través de la prensa, desconcertaron tanto a la viuda del periodista como a los abogados de la UTPBA. Astiz dijo no recordar cómo había conseguido aquella información. “No recuerdo bien cómo me enteré de eso. Siempre tuve la idea de que había sido arrojado encadenado en el automóvil. En Inteligencia Naval no se hablaba de ese caso, como sí se hablaba de la muerte de Cabezas”, declaró el sicario de Massera. Como todo lo demás, aquellos datos quedaron en el olvido.

            En 2002, el juez Irigoyen resolvió la reapertura de la causa, luego que Clarín publicara el 28  de junio declaraciones de un cabo de la Policía Bonaerense, quien señalaba como autores del asesinato a un jefe y a un comisario retirado de esa fuerza. En noviembre del año siguiente, el Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, ordenó darle un nuevo impulso judicial a la causa, pero fue el último avance hasta hoy.

 Durante años, el “No se olviden de Cabezas” quedó flotando en el aire y se convirtió en un gran símbolo de la lucha contra la violencia y la impunidad. Más allá de las comparaciones, los dos asesinatos fueron casos prototípicos del modelo de impunidad que supo construir el menemato. Pero resulta interesante preguntarse por qué la muerte de Bonino no tuvo el mismo nivel de concientización y rechazo popular, a pesar de haber sido de similares características. En la UTPBA dijeron: “Nosotros actuamos en los dos casos de la misma forma, lo que ocurre es que son los medios los que deciden que es lo que se publica”. Cabezas era empleado de una gran editorial periodística, Perfil. Su muerte involucraba también a la Policía Bonaerense y nada menos que al empresario Alfredo Yabrán, que estuvo en ese momento en boca de toda la clase política argentina para luego caer en desgracia. Bonino era, además de periodista, militante sindical de prensa, y defendía los derechos de los trabajadores frente a los intereses de las grandes empresas periodísticas, en un período de fuerte concentración mediática. Tal vez, dentro de ese cruce de intereses, se encuentre parte de la respuesta.