Por Martín Borja /

Si bien la legislación colaboró para disminuir la acelerada carrera depredadora de años atrás, la desaparición de bosques sigue en niveles relativamente altos. Se dio de manera mucho más virulenta en la provincia de Santiago del Estero, que encabeza las tasas de deforestación a nivel mundial. Los criterios de conservación varían sospechosamente depende cada provincia argentina. El problema está en cómo se categorizan los tipos de bosques.

En los últimos 15 años, el territorio argentino vivió un proceso de deforestación de bosques nativos, debido a la aplicación de un modelo de producción agroindustrial que le dio la espalda a la sustentabilidad y permitió la expansión de la frontera agrícola de manera inédita en más de un siglo de historia.

Ante un sistema insostenible a largo plazo, la sanción en 2007 de la llamada Ley de Bosques (Ley Nacional N° 26.331) y su reglamentación –recién en febrero de 2009- vino a intentar frenar el desmonte desproporcionado, tanto legal como ilegal. La normativa le otorgaba la potestad a cada provincia argentina de reelaborar un ordenamiento territorial propio, bajo una clasificación que permitiera mapear sus bosques en zonas de alto, mediano y bajo valor de conservación. A más de siete años de su sanción y de su aplicación a niveles provinciales, ¿la ley sirvió para menguar el talado de bosques nativos?

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No hay tan sólo una respuesta para eso: si bien desde entonces existe una caída general de la tala, la desaparición de zonas verdes protegidas siguió en niveles relativamente altos. Además, las trampas a la ley siguen a la orden del día en varias provincias del norte, a través de mecanismos poco claros.

El caso argentino no es aislado en relación con el resto de la región. Varios de sus vecinos también vivieron un proceso similar, en especial Brasil, Paraguay y Bolivia. De acuerdo a cálculos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Sudamérica se perdieron unos 40 millones de hectáreas de bosques en ese mismo período.

El proceso fue paralelo a un aumento de la cotización mundial de las commodities: mientras subían los precios relativos de cereales, soja y carnes, se incrementaba la desertificación.

El peor caso es el de Brasil, si tenemos en cuenta su superficie amazónica, que perdió anualmente un promedio de 984 mil hectáreas verdes en el último lustro, según un informe de la FAO presentado en 2015. En la Argentina, en tanto, se deforesta a razón de 230 mil hectáreas por año. El Estado kirchnerista, durante más de una década, se subió alegremente al tractor del modelo sojero, necesitado de dólares frescos, para poder apuntalar un esquema distributivo sostenido en retenciones a las exportaciones.

En 2014, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (ONU) puso sobre la mesa un porcentaje preocupante: la Argentina es responsable por 4,3 % de la deforestación global.
Pero la depredación de espacios verdes fundamentales para la conservación de la biodiversidad y el cuidado del ecosistema, se dio de manera mucho más virulenta en algunas regiones específicas de la Argentina, especialmente en la del Chaco semiárido, considerada la segunda plataforma boscosa más grande de Sudamérica después del Amazonas.

Dentro de esa ecorregión, la provincia de Santiago del Estero encabeza a nivel mundial las tasas de deforestación de bosques autóctonos. Oscuro privilegio y oscuro futuro, teniendo en cuenta que esos espacios verdes desaparecidos bajo la ambición agropecuaria pueden llegar a tardar casi un siglo en recomponerse, sobre superficies de tierras poco fértiles que deja la siembra extensiva de soja.

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ADIÓS QUEBRACHO COLORADO

Alrededor de 2 millones de hectáreas de verde fueron las que se perdieron entre 2000 y 2012 en Santiago del Estero, y recién a partir de la sanción de la Ley Provincial de Bosques, se redujo la tasa de deforestación en la zona, que llegó a ser de 2,5% anual, entre las más altas del mundo.

La importancia de la región del Chaco Semiárido es sustancial, ya que abraza además de Santiago, la parte este de Salta y de Tucumán, el norte de Córdoba y el oeste de Chaco y de Formosa. El quebracho colorado y el quebracho blanco son especies dominantes en gran parte de aquel enorme ecosistema. Decenas de miles de familias de comunidades aborígenes viven aún de él, así como de los variados recursos que le permiten una economía de subsistencia basada en sistemas de agricultura familiar, y actividades de caza y recolección. La amenaza a la biodiversidad pone en peligro el alimento de millones de argentinos.

Si bien la Ley Nacional de Bosques colaboró para disminuir la acelerada carrera depredadora de años atrás, algunas provincias de Noroeste argentino se basaron en dudosos criterios a la hora de reglamentar la legislación provincial. Según una reciente investigación de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), el problema está en cómo se categorizan los tipos de bosques, de acuerdo al grado de cuidado y conservación. La FAUBA descubrió que, debido a la escasez de información ambiental, se produjeron irregularidades. Los criterios varían sospechosamente depende la provincia, cuando deberían ser los mismos estándares de evaluación.

En el caso específico de Santiago del Estero, se sostiene que no se aplican los criterios de sustentabilidad ambiental. Esto hace que legalmente allí se permita aún desmontar superficies verdes en zonas de conservación que la legislación nacional no permite. Por otro lado, la tala clandestina sigue su curso –con ley o sin ley- mientras los organismos de control no hacen lo suficiente para detenerlo.

Según datos de Redaf (Red Agroforestal Chaco Argentina), la pérdida anual de tierras forestales en la provincia está en baja desde hace una década, aunque sigue siendo la de mayor porcentaje respecto de las demás provincias, por lo menos hasta el 2014. Mientras que el promedio anual de pérdida a nivel nacional es de 0.49% y a nivel mundial 0.20%, Santiago del Estero llega a 0.95%, es decir casi el doble del promedio de todo el país y casi cinco veces la media global.

No es casualidad que las cuatro provincias que lideran el ranking argentino en deforestación de bosques son parte de la misma ecorregión del Chaco Seco. Las causas y las consecuencias de semejante crimen ecológico son conocidas, aunque no está de más recordarlas: la producción agrícola centralizada en los monocultivos -principalmente soja- produce tal distorsión del entorno cuya dramática consecuencia a la corta o a la larga es la disminución de biodiversidad y, con ello, la transformación brutal de complejos sistemas ambientales que estaban regulados de manera natural.

Aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, recarga de acuíferos, y disminución de la fertilidad de los suelos y de circulación de materia orgánica, además de la pérdida del hábitat para centenares de especies. El peligro –y la realidad- de las inundaciones está siempre presente. Los bosques hacen de paraguas pero también de esponja verde. Para tener una idea: una investigación del INTA indica que un campo plantado de soja absorbe diez veces menos de agua por hora que un monte nativo.

Deforestación cero se extiende hasta el 2018

SALTA NO TAN LINDA

En estos años, se acumularon además casos de desalojos violentos en la región, por parte de bandas armadas que responden a empresas de agronegocios, en contra de comunidades nativas, como el caso de los wichis en Salta. Allí también hubo numerosas denuncias sobre altos niveles de desmonte, en violación de la ley de Bosques. En la provincia, una tercera parte de las hectáreas desertificadas son zonas legalmente protegidas. Muchas veces se hizo a través de blanqueos, cambiando la interpretación sobre el nivel de protección de algunas zonas.

En 2010 y 2011, el gobernador Juan Manuel Urtubey firmó dos decretos que permitían la recategorización de áreas que tenían mediano o alto valor de conservación. Eso permitió que propietarios de tierras tramitaran nuevos permisos de desmonte, que de otra forma hubieran sido ilegales. Cuatro años después, en diciembre de 2014, Urtubey se echó atrás con esa decisión, y derogó los decretos. Se llegaron a recategorizar más de 125 mil hectáreas que inicialmente estaban protegidas por ley, y así se benefició una vez más a las empresas sojeras.

En mayo pasado, un personaje inusual quedó involucrado en la cuestión. El ahora ex DT de la Selección Argentina, Gerardo “Tata” Martino, fue denunciado por un grupo de familias que viven en el departamento Rivadavia, en Salta, por haber comprado 5 mil hectáreas de tierras, dentro de un área protegida por ley, con el fin de desmonte para negocios inmobiliarios. La denuncia la hizo pública el diputado salteño Ramón Villa, quien precisó que en la finca El Totoral viven varias familias que subsisten con los recursos naturales del lugar. Son propietarios legítimos, ya que están instalados allí desde hace cinco generaciones. “Siguen las autorizaciones para desmontes en Rivadavia Banda Sur; hoy vemos que se trata de 2.500 hectáreas entre desmonte y desbajerado”, agregó el diputado, quien cuestiona el trabajo de control y ordenamiento del Ministerio de Ambiente de la provincia.

El emprendimiento de Martino, junto con otros socios, habría conseguido un permiso de desmonte por parte del gobierno provincial sobre 1825 hectáreas del total, tras un informe ambiental de dudoso relevamiento, donde se ignoró la presencia de habitantes en el lugar. El ejemplo es una aguja en un pajar, aunque ilustra una conducta sistemática donde se ponen en juego favores y millones.

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